Sentencia A. 1155/22

Auto 1155/22

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

 

Referencia: Expediente CJU-1778

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre los Juzgados Octavo Administrativo Oral y Cuarto Laboral del Circuito, ambos de Tunja

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, procede a resolver el conflicto de la referencia, en los siguientes términos:

 

I. ANTECEDENTES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, a través de apoderada judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, en contra de Blanca Cecilia Cardona Arias, con el propósito de que se declare la nulidad de la Resolución No. SUB-200955 del 21 de septiembre de 2017, mediante la cual reconoció una sustitución pensional a favor de la demandada con ocasión del fallecimiento del pensionado Germán Antonio Tavera Ortiz^[1].  

2. Colpensiones, en la investigación administrativa especial No. 112-18, concluyó que el reconocimiento de la mencionada prestación social se realizó “bajo una situación prohibida.

 

3. Por esta razón, la entidad demandante solicitó se declare la nulidad del acto administrativo que reconoció la referida sustitución pensional y como medida de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de la suma pagada, así como la indexación de las sumas que sean reconocidas y el pago de intereses^[2].

 

4. El expediente fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja, el cual, mediante providencia del 2 de septiembre de 2020 admitió la demanda. Posteriormente, en proveído del 26 de febrero de 2021 fijó como fecha para la audiencia inicial el 23 de marzo de 2021, frente a la cual la entidad demandante solicitó su aplazamiento. Posteriormente, en Auto del 19 de marzo de 2021^[3], declaró falta de jurisdicción y remitió el expediente a los juzgados laborales del circuito de Tunja porque el causante ostenta la calidad de trabajador particular, pues sus cotizaciones las efectuó a empresas de dicha naturaleza. Por lo anterior, concluyó la demanda debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral.

 

5. Fundamentó su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 de la Ley 1437 de 2011 que precisa el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y excluye de su competencia los conflictos de carácter legal surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

 

6. Asimismo, destacó que el artículo 155.2 de la citada normatividad señala que los jueces administrativos conocerán de los asuntos de “nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía”. Recalcó, además, que el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, estableció que a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde conocer de los conflictos como el que se debate, excluyendo los litigios laborales que propongan las entidades administradoras de regímenes especiales sobre el reconocimiento de una pensión del conocimiento de esta jurisdicción especial.

 

7. Finalmente, citó la Sentencia del 28 de marzo de 2019 del Consejo de Estado en la que se puntualizó que en tratándose de controversias en la que esté en discusión asuntos relacionados con la seguridad social derivadas de un contrato de trabajo, a pesar de que estos derechos y prestaciones se decidan a través de actos administrativos, no cambia la jurisdicción competente para conocer de la controversia.

 

8. Contra el Auto del 19 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja, Colpensiones interpuso el recurso de reposición^[4], el cual fue resuelto en proveído del 16 de abril del citado año, mediante el cual decidió no reponer el auto recurrido^[5].

 

9. El proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, el cual el 11 de noviembre de 2021^[6], propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.

 

10. Fundamentó su decisión, en primer lugar, en lo dispuesto en el artículo 97 del CPACA que dispone que los actos administrativos que hayan “modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría”, no podrán ser revocados “sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular”. Por lo tanto, si la “autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la Ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y en el inciso 1 del artículo 104 ibidem, que establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en actos administrativos “sujetos al derecho administrativo en los que estén involucrados las entidades públicas”. En segundo término, citó los Autos 316 y 385 de 2021 de la Corte Constitucional y la providencia 17697-40 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura en los que se ha señalado que la jurisdicción mencionada tiene la competencia exclusiva para conocer de las acciones de lesividad incluso en aquellos eventos en los que la administración demanda actos que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.

 

11. El 16 de diciembre de 2021, El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, remitió el expediente a la Corte Constitucional^[7], y finalmente, fue repartido al despacho del magistrado sustanciador el 15 de julio de 2022^[8].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia 

 

12. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[9]. 

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

13. Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[10].

 

14. Asimismo, mediante el Auto 155 de 2019^[11], la Sala Plena determinó que se requieren tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones, a saber: (i) el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia se presente, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y hagan parte de distintas jurisdicciones; (ii) el presupuesto objetivo refiere a que la disputa recaiga sobre el conocimiento de una causa judicial,^[12] y (iii) el presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

 

15. De modo que la Sala Plena pasa a verificar el cumplimiento de estos tres presupuestos en el caso concreto:

 

i)                   Presupuesto subjetivo: Este asunto involucra una controversia entre dos autoridades que administran justicia y hacen parte de diferentes jurisdicciones; por un lado, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja, y por otro, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja.

ii)                Presupuesto objetivo: En efecto, el presente conflicto entre jurisdicciones recae sobre una causa judicial: la demanda con la que se pretende la nulidad de un acto administrativo mediante el cual la actora reconoció una sustitución pensional a favor de Blanca Cecilia Cardona Arias con ocasión del fallecimiento del pensionado Germán Antonio Tavera Ortiz.

iii)             Presupuesto normativo: Las dos autoridades que rechazaron la competencia del asunto manifestaron expresamente las razones de su decisión; de un lado, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja sostuvo que el causante fue un trabajador particular y, por ello, es la  jurisdicción ordinaria laboral la competente para  conocer el asunto de conformidad con el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, los artículos 104.4 y 155.2 de la Ley 1437 de 2011 y un pronunciamiento del Consejo de Estado; por otro lado, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja invocó los artículos 97 y 104 del CPACA y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura en relación con la jurisdicción competente para conocer de la acción de lesividad.

 

16. Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de jurisdicciones, procederá la Corte a dirimir la colisión expuesta en líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividad- y, a continuación, se resolverá el caso concreto.

 

Competencia para conocer controversias relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad. Reiteración del Auto 316 de 2021.

 

17. Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 316 de 2021^[13], el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración cuestiona su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, por disposición expresa del legislador en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde exclusivamente a los jueces administrativos^[14], incluso cuando el acto administrativo verse sobre  un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que “[…] por medio de la acción de lesividad se debaten ‘intereses propios de la administración’, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo”^[15].

 

III. CASO CONCRETO

 

18. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades en conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acción promovida por Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad d de la Resolución No. SUB-200955 del 21 de septiembre de 2017, mediante la cual reconoció una sustitución pensional a favor de Blanca Cecilia Cardona Arias con ocasión del fallecimiento del pensionado Germán Antonio Tavera Ortiz.

 

19. La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de Colpensiones contra un acto propio.

 

20. En ese orden de ideas, en los casos que (i) una entidad pública (ii) promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) aun cuando el contenido de mismo sea de la seguridad social, (iv) la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

21. Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja, para que le dé tramite al caso sub judice y resuelva de fondo conforme a las competencias de la jurisdicción.

 

Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

RESUELVE

 

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja es la autoridad competente para tramitar la demanda promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1778 al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, a la demandante y a los demás interesados en el proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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